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Son 50 los contratos truchos secuestrados en los allanamientos realizados y deberán dar explicaciones a la justicia los legisladores que los suscribieron

06:48:41 | 01-11-18

En los allanamientos en los domicilios de las personas detenidas en el marco de la causa por las irregularidades en contrataciones en la Legislatura entrerriana se secuestraron, entre otros elementos, 50 contratos truchos por 50 mil pesos cada uno. Según reveló el programa televisivo Cuestión de fondo(Canal 9 Litoral), son de los períodos 2016, 2017 y 2018 y 12 corresponden al ex diputado provincial Juan José Bahillo, 6 al actual diputado Pedro Báez y 25 a “autoridades del Senado”. A la vez, se hallaron entre uno y dos contratos a nombre de otros ocho legisladores. Todos ellos deberán dar explicaciones ante la justicia y despejar la sospecha de que, en realidad, fueron “pedidos especiales” del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, con la intención de que no figurara su nombre.La situación de los legisladores del oficialismo se sigue complicando en la investigación por los contratos truchos. Cuestión de fondo pudo saber que en los allanamientos a los actuales detenidos se encontraron cerca de 50 contratos, pertenecientes a las cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia, de 50 mil pesos cada uno, de los períodos 2016, 2017 y 2018. 

Allí aparecen 12 contratos truchos a nombre del ex diputado provincial y actual diputado nacional Juan José Bahillo, quien presidió el bloque del Frente para la Victoria durante 2016 y 2017, antes de renunciar para asumir en el Congreso de la Nación.

También hay 6 contratos a nombre del diputado Pedro Báez (Paraná) y tienen entre uno y dos contratos cada uno los legisladores Juan Navarro (Tala), Rubén Vázquez (Paraná Campaña), Gustavo Osuna (Paraná), Leticia Angerosa (Gualeguaychú), Silvio Valenzuela (Uruguay), Daniel Ruberto (Paraná), Marcelo Bisogni (Uruguay) y Juan Carlos Darrichón (Diamante). 

Además, existen contratos truchos a nombre del Senado provincial. Son un total de 25 los que se encontraron. La mayoría no tiene nombre de senador alguno, pero sí dice "autoridades del Senado". 

El actual jefe del Senado, el vicegobernador Adán Bahl, se presentó ante la justicia a través de su abogado Julio Federik, quien también defiende al ex vicegobernador y senador nacional Pedro Guastavino -quien concurrió personalmente el pasado viernes, en horas del mediodía- y a José Orlando Cáceres, también ex vicegobernador. 

Otro que acudió a Federik fue el vicepresidente primero del Senado, Aldo Ballestena (PJ-La Paz). El actual intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Laurito, también ex vicegobernador, fue a Tribunales el lunes pasado, bajo absoluta reserva, para quedar a disposición del Ministerio Público Fiscal.

En Diputados la serie de citaciones a actuales legisladores provocó cierto malestar. En realidad, varios de los denominados "urribarristas" estaban molestos porque, al parecer, esos contratos suscriptos por ellos habrían sido "pedidos especiales" del ex gobernador Sergio Urribarri, para no aparecer él, pero sí beneficiarse con las sumas de dinero de cada contrato. Habrá que ver si alguno se anima ante los fiscales a contar quiénes son los contratados y cuál es el origen verdadero.

La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, enviará el lunes próximo el pedido específico a Diputados y a Senadores para que, desde la Legislatura, se informen en detalle los contratados de cada uno de los legisladores, desde enero de 2008 hasta octubre de 2018. Mientras tanto, pudo saberse que los actuales detenidos -Hugo Mena, Flavia Marcela Beckman, Alfredo Bilbao y Ángel Scialocomo- se presentaron nuevamente el lunes ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, pero no aportaron dato alguno. Si bien uno de sus abogados defensores había hablado de la posibilidad de que alguno de ellos se transformara en posible arrepentido, ello no ocurrió.

Este viernes, a las 8.30, habrá una nueva audiencia de apelación por la prisión preventiva de los detenidos, por pedido específico de los abogados defensores. Será el momento en que el caso de corrupción más grave de estos últimos tiempos en la provincia vuelva a ser relatado tal como venía ocurriendo desde 2008. 

Se supo además que siguen enviándose las citaciones a personas vinculadas a la causa. Sorprendió que al único que no se lo pudo encontrar aún es al actual secretario político del bloque de senadores del PJ, el varias veces imputado Juan Pablo Aguilera, ex prosecretario de la cámara alta y cuñado del ex gobernador. 

Se entiende que, por ahora, no habrá nuevas detenciones. Aunque las cosas pueden cambiar.

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